El riesgo de defender derechos : un estudio sobre el ejercicio y la protección de la defensa de los derechos humanos durante el primer (2010 - 2014) y segundo (2014 - 2018) mandatos del presidente Juan Manuel Santos

La presente investigación analiza la situación de las y los defensores de derechos humanos en Colombia durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos (2010-2018) y la respuesta de su gobierno frente a sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección y garantía de los mismos. Si bien no es un análisis comparativo, se tienen en cuenta algunos antecedentes del anterior gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. De este modo, el objetivo es un análisis crítico de la política de Estado del gobierno de Santos, a fin de superar la preocupante situación de estos actores. Para ello, se ahonda en las medidas institucionales que se implementaron con el fin de atender las agresiones de las cuales son víctimas los defensores y defensoras de derechos humanos y se examina si las respuestas del Estado colombiano durante el periodo objeto de estudio, respondieron efectivamente a la problemática. Para este análisis se empleó una metodología de investigación de carácter cualitativo, así mismo como un diseño de investigación analítico y descriptivo de la situación de los defensores de derechos humanos en el país, de las medidas institucionales y la respuesta del Estado colombiano ante las recomendaciones hechas por organizaciones internacionales en pro de la defensa y protección a los defensores de derechos humanos.This investigation is aimed to examine the situation of human rights defenders in Colombia during Juan Manuel Santos presidency and the government response to its constitutional and international obligations in relation to the protection and security of Human Rights Defenders. While it is not a comparative analysis, some background notes are taken of ex-president Álvaro Uribe Velez’s government. The objective is thus to offer a critical analysis of the state's policy, in order to overcome the worrying situation of these actors. To this end, this study goes deep on the institutional measures that were implemented in order to know the aggressions of which human rights defenders are victims, and thus analyze whether the responses of the Colombian state during the period under study responded effectively to the problem. For this analysis, a qualitative research methodology was used, as well as an analytical and descriptive research design of the situation of human rights defenders in the country, of institutional measures and the response of the Colombian State to the recommendations made by international organizations for the defense and protection of human rights defenders.Politólogo (a)Pregrad

The repression of activists and human rights defenders : the violence of democracy and law

Human rights defenders (PDD or activists) face violence when mobilizing against impunity, environmental destruction, corruption, and gender inequality. The violence against PDD is often perpetrated by powerful groups. These groups control democratic institutions and the creation of law. Repressive laws are spreading and democratic institutions are used to erode the freedoms to express, participate and associate of PDD. The overlapping of repressive laws and violent democratic institutions creates different forms of violence. I investigate violence against PDD analyzing how democratic institutions and laws are used to restrict opportunities and to lessen the effectiveness in the defense of rights. I use qualitative data on violence against PDD in 20 democracies between 2006 and 2017. The results indicate that violence against PDD is implicit in democratic institutions and laws and produces restrictions in institutional and social arenas dedicated to defending rights. This violence is manifested in three mechanisms: (1) control or legitimate elimination, (2) channeling, and (3) coercive response. These findings shed important light on many forms of violence against PDD that affect the integrity, intensity, and dynamism of claims and strategies of PDD

El aporte de la cooperación internacional en el proceso de reforma de la justicia del Ecuador

La presente investigación examina cuáles son los aportes de la Cooperación Internacional (CI) en el proceso de reforma de la justicia en Ecuador desde los años 90 y en este contexto describe sus dinámicas y orientaciones, en diferentes períodos. Fue central comprender por qué instituciones de gran influencia como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se volcaron a impulsar la reforma de los estados y del sector justicia. Por ello, este proceso se sitúa en una temporalidad extensa que abarca dos dimensiones: la reforma de las estructuras del Estado y las transformaciones de los sistemas específicos de justicia. En esta perspectiva central, que reenvía al objeto de esta tesis, el referéndum y la consulta popular del Ecuador del 2011, sobre la reforma de la justicia, no es sino uno de los hitos de una reforma del sector más amplia que debe remontarse a los procesos explícitos diseñados por el “Consenso de Washington”, en la décadas de los 90 y 2000 y que hablan, entonces, ya de una intervención programada de muchos actores y entre ellos, protagónicamente de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), con sus iniciativas judiciales de promoción de las economías de mercado y en paralelo el reforzamiento de un modelo de desarrollo neoliberal. En otro período posterior de la reforma del sector, los organismos de CI disminuyen su incidencia, ante un Estado que reasume un protagonismo que había perdido. La metodología empleada privilegia el mapeo de las intervenciones de la CI y evidencia cómo las cuantificaciones de sus aportes son solo indicadores parciales, que miden la importancia de su influencia en el proceso de estas reformas. Como conclusión, se llega a valorar el peso del aporte de la CI en la reforma de la justicia; se encuentra la variación en el protagonismo de su intervención frente al otro actor central, el Estado. Por otra parte, se develan las modalidades de intervención de la CI en el proceso de reforma de la justicia en el Ecuador. Las reformas se tomaron aquí como principal objeto de investigación empírica y por ello se buscó identificar las agendas de los organismos internacionales; con este aporte se abre el paso a que otras investigaciones indaguen más allá las implicaciones políticas y sociales de tales reformas en el campo nacional y global

Políticas de seguridad y entornos violentos en Colombia y México

Este libro surge de la urgencia de reflexionar en torno a las dimensiones social e institucional de la violencia y el clima de inseguridad que en la actualidad está viviendo América Latina, con el fin de desvelar sus principales características, los procesos de realimentación y su impacto en la construcción o reconstrucción de los Estados nacionales, centrando la atención en México y Colombia. La intención de fijar la mirada en estos dos países es porque, desde hace algunos años, algunos líderes de opinión, entre ellos los medios de comunicación, han venido planteando la idea de que México se encamina cada vez más a una colombianización, debido al incremento de las violencias relacionadas con el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia organizada. Por tanto, es indispensable detenernos a pensar y analizar la violencia que aqueja a estos dos países para ponderar las semejanzas y diferencias entre ambos. Hoy México sufre altos niveles de violencia y vive procesos y situaciones que ya son historia para Colombia. Una historia que quieren dejar atrás la ciudadanía y el propio gobierno, pero al mismo tiempo saben que tiene secuelas, porque la incidencia delictiva que hoy vive Colombia sigue siendo muy alta para un país que se encuentra en “paz”. Un planteamiento central en este libro es que no es posible entender la violencia sin razonar que esta va más allá de la violencia directa y física o de actos de masacre o terrorismo, debido a que se encuentra incrustada en el núcleo mismo de la estructura y las significantes culturales que configuran los sistemas sociales, políticos y económicos; y desde allí legitima sus expresiones directas

La protección de los defensores(as) de derechos humanos: un tema carente de integralidad en Colombia

Artículo de investigaciónLos defensores de derechos humanos son actores fundamentales en toda sociedad. En Colombia su trabajo de protección, promoción y garantía de los derechos humanos ha sido indispensable en época de violencia y de conflicto armado, motivo por el cual han sido objeto de constantes agresiones y amenazas en razón al ejercicio de su labor. Este artículo hace un análisis crítico de la prevención y protección de las y los defensores de derechos humanos contenida en la legislación colombiana, las funciones y competencias asignadas a cada entidad y las perspectivas que se tienen con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera donde se abre un escenario lleno de oportunidades para exigirle al Gobierno Nacional que, articule todos los programas de protección y prevención existentes en el desarrollo de un marco jurídico integral y una política pública de derechos humanos.54 p.INTRODUCCIÓN 1. ¿QUIÉN ES DEFENSOR(A) DE DERECHOS HUMANOS? 2. ¿CÓMO SE PROTEGE A LOS DEFENSORES(AS) DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA? 3. DEBILIDADES Y RETOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A DEFENSORES(AS) DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 4. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO JURÍDICO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍAPregradoAbogad

Del régimen autoritario al liderazgo en la agenda de los derechos humanos: un análisis comparativo entre Argentina y Corea del Sur

El presente trabajo tiene como finalidad explorar la importancia del rol de la sociedad civil y la ayuda de los actores externos regionales y globales para dar inicio a la transición a la democracia en los contextos antidemocráticos. Estos factores fueron esenciales para que países en vías de desarrollo tengan actualmente un rol fundamental en la agenda pública de Derechos Humanos. A raíz del análisis comparativo del desarrollo de estos factores en la República Argentina y Corea del Sur, se estudiará el paso de la dictadura a la democracia que generó en ellos una cadena de cambios internos, creando una cultura política que actualmente los constituye como líderes regionales en la protección de los principios democráticos y dominantes de la agenda pública en esta materia

Justicia Juvenil en Costa Rica: Un análisis del proceso socioeducativo entre los años 2012 y 2016,

Este estudio versa sobre la forma en que se ha pretendido lograr el fin socioeducativo en el proceso penal para procesar personas menores de edad entre los años 2012 y 2016. Es un primer acercamiento sobre el tema, realiza una descripción a nivel nacional de la evolución del sistema de justicia juvenil, apoyado por el desarrollo internacional sobre el tema y los instrumentos de Derechos Humanos y de Niñez y Adolescencia ratificados por nuestro país. Estas herramientas pasan de un sistema tutelar a uno punitivo garantista y, en la actualidad, hacen congruente este procedimiento con un modelo restaurativo. La orientación del análisis parte de la criminología crítica, dado que permite una visión del origen de la delincuencia penal juvenil, desde las condiciones sociales y culturales que rodean a las personas menores de edad, no así desde aspectos psicológicos o de su madurez. Lo anterior ayuda a relacionar ese contexto con una respuesta que permita superar los obstáculos y otorgue mejores oportunidades de acceso en igualdad de condiciones; además, permite creer en la persona y no etiquetarla por su pertenencia a un estrato social bajo, su edad, nivel educativo, problemas delincuenciales o de drogas, entre otros. Esta visión da un verdadero contenido al fin socioeducativo y su relación con la justicia restaurativa, ya que busca una respuesta realmente acorde a ese contexto social y cultural al ser oportuna y contar con alto apoyo y alto control. Además, al utilizar un instrumento de entrevista semiestructurada que arrojó información cualitativa, en triangulación de datos estadísticos del Poder Judicial, se realiza una comparación de la efectividad del cumplimiento en la práctica de la prevención especial positiva desde un proceso punitivo garantista y un proceso juvenil restaurativo. Para lograr este objetivo, el estudio abarca Circuitos Judiciales de San José, Cartago, Heredia, Pococí y Limón, lugares donde han implementado las reuniones restaurativas. Precisamente en estos circuitos, los cuales eran los únicos que durante este período tenían la experiencia de aplicar el nuevo modelo de justicia restaurativa, se entrevistaron a las personas fiscales, defensoras, juzgadoras, trabajadoras sociales y psicólogas, que tenían experiencia práctica sobre el tema. Estos sujetos, además de las jefaturas a nivel nacional, representan un alto porcentaje de las personas que conocía la aplicación práctica de ambos modelos en el período de la investigación.Del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, unidos a la doctrina y normativa nacional e internacional, se llega a determinar que el proceso penal juvenil punitivo garantista, para cumplir su finalidad, debe ofrecer mayores oportunidades a las personas menores de edad, conforme lo establece nuestra ley en la materia. Se establece la necesidad de que coexistan ambos modelos, punitivo garantista y restaurativo, pues, más allá de superarse, se completan. Eso sí, cabe destacar que, en algunos supuestos, la respuesta no permite la aplicación del modelo restaurativo, pero, en los casos donde lo permita, da mejores resultados en el logro de la finalidad socioeducativa. En consecuencia, con un proceso restaurativo, se logra de mejor forma la reinserción socioeducativa de las personas menores de edad, por apegarse su trabajo diario a los principios de justicia juvenil. Asimismo, se evidencia la necesidad de que todas las personas que participan de los procesos penales juveniles estén especializadas, pues deben tener un conocimiento y dedicación especial, sin importar la función en concreto que cumplan. Además, se requiere fortalecer y permitir el crecimiento del modelo restaurativo a nivel nacional, para que los logros obtenidos repliquen en todo el país y, con la práctica, se trasforme, más que en una forma de solución de conflictos, en un valor ciudadano.Universidad Estatal a Distancia de Costa Ric

Informe sobre derechos humanos Ecuador 2009-2013

l Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), desde 2009, realiza el ejercicio de evaluar anualmente la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza, como una contribución a la reflexión y observancia de su cumplimiento. Este informe toma como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado en octubre de 2008, el cual incorpora un amplio catálogo de principios, derechos y garantías. Al cumplirse en 2013, cinco años de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, el PADH ha considerado conveniente presentar este Informe sobre derechos humanos Ecuador, Ecuador 2009-2013, a efectos de realizar un balance de la evolución de los deberes estatales de respeto, garantía y cumplimiento de los derechos, situándolos siempre como integrales, indivisibles, interdependientes, de aplicación directa e inmediata y amparados bajo la prohibición de regresividad. Los informes sobre derechos humanos del PADH se han caracterizado por abordar, desde una perspectiva crítica y propositiva, a la vez que plural y participativa, la información disponible sobre la actuación estatal en materia de desarrollo normativo, políticas públicas, y de garantías jurídicas y jurisdiccionales, enfatizando en los ejes de análisis de justicia, seguridad y ambiente, e incorporando otros temas específicos. En los informes se analizó el nivel de adecuación de la actuación estatal a la Constitución y a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos; para esta tarea, el PADH ha diseñado e implementado instrumentos de registro de información, como las bases de seguimiento de prensa, conflictividad, normativa, garantías, estados de excepción, producción especializada en derechos humanos y recomendaciones internacionales, que permiten el análisis comparativo y contribuyen a identificar la evolución, el estancamiento o retroceso de las acciones estatales en el tiempo, y permiten formular conclusiones y recomendaciones. Este informe consolidado de los cinco años integra ocho acápites, dedicados a la exposición de objetivos y metodología; el análisis del estado de situación del acceso a la información; de la conflictividad; el desarrollo normativo; de la justicia; de las políticas públicas; de la seguridad integral y los derechos de la naturaleza; formulando conclusiones y recomendaciones generales, que se complementan con la bibliografía y anexos. El PADH expresa el reconocimiento y gratitud a todas las personas de la sociedad civil, de la academia y de las entidades del Estado que han contribuido con sus aportes a la generación de los informes durante estos cinco años. De igual manera que los informes anteriores, este se encuentra disponible en el sitio web ‹http://www.uasb. edu.ec/padh.php› o ‹http://www.repositorio. uasb.edu.ec›

Política Exterior a partir de las Políticas Públicas: Formulación y Toma de Decisiones en la Adopción del Acuerdo Escazú en Argentina y Brasil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Administração Pública e Políticas Públicas.Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el proceso de formulación y toma de decisiones en la adopción del Acuerdo de Escazú en Argentina y Brasil en el 2023. El Acuerdo de Escazú surge como una herramienta fundamental para garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de todas las personas a acceder a la información ambiental, participar en las decisiones que les afectan y garantizar el acceso a la justicia ambiental. El estudio se divide en tres capítulos, centrándose en el marco conceptual, antecedentes históricos y actores involucrados en el proceso de formulación y toma de decisiones. La metodología de investigación incluye revisión de la literatura, la aplicación de un estudio de caso, con la utilización de las técnicas de observación no participante y entrevistas semiestructuradas a actores de la sociedad civil y miembros de instituciones públicas de Argentina y Brasil. Los resultados muestran que Argentina ha avanzado más en la adopción del Acuerdo de Escazú, en comparación con Brasil. Esto se debe en parte a la fuerte tradición de justicia ambiental, lo que ha permitido una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de formulación y toma de decisiones. Por otro lado, Brasil ha enfrentado desafíos en materia de justicia ambiental y acceso a la información, lo que ha retrasado la ratificación del Acuerdo por parte del Congreso brasileño. En cuanto a la participación de la sociedad civil en la elaboración del acuerdo, Argentina contó con una amplia participación, mientras que en Brasil fue limitada. Discutir la política exterior como política pública desde el estudio del Acuerdo Escazú que, según los resultados, fue formulado por todos los países con interés en la esfera internacional y luego fue llevado al ámbito doméstico. Explicando perfectamente el desarrollo de la formulación del acuerdo y las decisiones tomadas tanto en la esfera internacional como en lo interno de cada país. Una ley es una política pública, un tratado internacional implementado en la esfera doméstica es también una política pública ya que pasa por procesos similares en el que los actores tienen que formular, tomar decisiones, implementar y evaluar su impacto

La protección integral de los derechos de los adolescentes infractores en la ejecución de las sanciones penales en el Distrito Judicial de Cúcuta 2011 al 2014 en base a la Ley 1098 de 2006

En Cúcuta, en el Centro Especializado de Servicios para Adolescentes (CESPA), se presenta desde que fue implementado el sistema penal para adolescentes una problemática relacionada con la imposibilidad que tienen los juzgados falladores para ejercer la vigilancia y control efectivo de las sanciones que se imponen a los adolescentes que infringen la ley penal, todos concluyen que el gran cumulo de procesos de que conocen estos, entre ellos procesos penales, acciones constitucionales, ha impedido que se realice un verdadero control y vigilancia de las sanciones, ocasionando con esto que se vulneren garantías constitucionales de los adolescentes (debido proceso), como el artículo 42, 43, 44 de la CN, en lo relacionado a la garantía que tienen los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, además del derecho de ser asistidos y protegidos, como garantía de su desarrollo armónico e integral. Entonces si no se consigue el cabal cumplimiento de la sanciones impuestas a los adolescentes infractores de la ley penal no lográndose que estos castigos cumplan con el fin pedagógico, tal y como lo contempla el artículo 140 del Código de la Infancia y la Adolescencia, lo cual el legislador ha querido con la implementación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, buscando que los menores infractores se resocialicen, dejen de delinquir y se reintegren a la sociedad como personas de bien, no volviendo a incurrir en las conductas delictivas por las cuales han sido sancionados, el sistema como tal perdería su razón de ser, ya que el propósito lo que se quiere es que el sistema cumpla con una verdadera justicia resocializadora, restaurativa y reparadora del daño causado en la comisión de los delitos